NéstorWer: noviembre 2011

Nueva política petrolera amenaza a pueblos amazónicos de Ecuador

LAS DECISIONES DEL presidente Rafael Correa en relación a los yacimientos de petróleo en territorio indígena demuestran otra vez la poca voluntad del gobierno ecuatoriano para respetar los lineamientos constitucionales que protegen los derechos de los pueblos y la naturaleza. Las decisiones de Correa han generado una agria polémica incluso dentro del propio equipo de gobierno. Funcionarios de los ministerios de Justicia y Ambiente adelantaban gestiones desde el año 2008 para cumplir las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de los pueblos tagaeri, taromenane y kichwa de Sarayaku, mientras funcionarios de la Presidencia y el Ministerio de Recursos No Renovables daban a conocer, a finales de junio, los nuevos planes de licitación petrolera, echando por tierra el trabajo de Justicia y Ambiente.

La medida cautelar a favor de los tagaeri y taromenane, emitida en el 2006, es una de las varias medidas de protección que ha emitido la CIDH para proteger la vida y el territorio de los diversos pueblos indígenas ecua torianos y que están en contradicción con la política extractivista del gobierno.

Además, las nuevas políticas de explotación petrolera contradicen medidas anteriores del propio presidente Correa, quien definió una política gubernamental de protección a los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario al crear, en 2008, el Plan de Remediación Ambiental y Social y el Plan de Medidas Cautelares, que buscaban implementar alternativas para cumplir con lo acordado entre el gobierno y la CIDH, en especial en lo relacionado con el respeto a los territorios en donde se ha evidenciado presencia de estos pueblos, exhortando a limitar la explotación de recursos petroleros y madereros.

El gobierno decidió convocar a licitación, el pasado 19 de junio, el denominado Campo Armadillo, en la provincia amazónica de Orellana, catalogado como un “campo marginal” cuya producción petrolera no es significativa y, aunque ayudará a la financiación del presupuesto na cional, no constituirá un alto ingreso financiero. Sin embargo, posee otro valor estratégico, su cercanía al Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra el campo Ishpingo-Tambo cocha-Tiputini (ITT), la mayor reserva petrolera nacional, y motivo de la campaña internacional que busca compensaciones para no explotar el petróleo y conservar la alta biodiversidad de esta zona, además declarada intangible.

El Campo Armadillo, al estar cerca de Yasuní, serviría como infraestructura básica para la explotación del ITT y facilitaría la conexión de los oleoductos necesarios. En Campo Armadillo se han encontrado evidencias de asentamientos y tránsito de los pueblos amazónicos tagaeri y taromenane, aún en aislamiento voluntario. Correa se ha mostrado escéptico sobre la responsabilidad del Estado para proteger a estos pueblos, y ha hecho comentarios desafortunados sobre sus derechos, como en mayo del 2010, en una de sus cadenas radiales de los sábados: “Quieren que no se explote Armadillo porque se vio cerca a grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados en Quito y tengamos que desalojar Quito”.

foto: HUGO CIFUENTES

La convocatoria a licitación del Campo Armadillo constituye prácticamente una sentencia de muerte para los tagaeri y taromenane. En Ecuador no es novedad la desaparición de pueblos indígenas a causa de las actividades petroleras, pues ya en la década de los 80 desaparecieron los tetetes y sansahuaris, dos pueblos de la nororiental provincia de Sucumbíos, que sufrieron el embate de las actividades de la petrolera Texaco.

Para prevenir la desaparición de los tagaeri y taromenane, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó el 29 de marzo una demanda contra Correa por “genocidio”, aduciendo que su política extractivista provocará la muerte de los pueblos no contactados. La demanda presentada en un juzgado de la capital ecuatoriana fue desechada, aduciendo que no había señales de que el gobierno esté interviniendo en el Campo Armadillo. Sin embargo, la convocatoria a la licitación actual de Armadillo actualiza la demanda, que ahora ya se encuentra en la CIDH.

Mientras tanto, el proyecto de compensación por dejar bajo tierra el petróleo del ITT ha encontrado más obstáculos de lo esperado, y las negociaciones con los países que habían mostrado deseo de cooperar en la consolidación de una canasta de donantes parecen ir al fracaso a consecuencia de la ambigüedad del gobierno en su defensa de los derechos de la naturaleza, pues piensa ya en la explotación de este campo, adelantando la implementación de campamentos base y negocia con autoridades locales la adhesión al proyecto. Por lo pronto, Correa anunció que, de no tener las compensaciones requeridas a fines del 2011, se podría iniciar la explotación de al menos una parte del campo ITT.

La CIDH también ha emitido medidas de protección que benefician al pueblo kichwa de Sarayaku, de Pastaza, en la Amazonia sur, que se resistió al ingreso de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó territorios de Sarayaku a CGC. La empresa efectuó prospección sísmica detonando pentolita. Más de mil 500 kilos del explosivo aún no han podido ser desactivados porque ni el Estado ni la empresa facilitan los recursos para hacerlo.

La oposición de Sarayaku y las medidas cautelares dictadas por la CIDH obligaron al Estado, a mediados del 2007, a cancelar la concesión; sin embargo, el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros y de nuevo incluyó territorios de este pueblo para futuras convocatorias de explotación petrolera. Esta decisión reactivó la amenaza contra este pueblo, que nuevamente ha acudido a la CIDH, la cual recibió a sus representantes el 6 de julio en audiencia general.

Los líderes kichwas relataron ante la CIDH cómo la lucha contra la petrolera impidió que, entre el 2002 y 2006, pudieran cultivar y realizar sus festividades tradicionales, por haberse dedicado a vigilar que CGC no siga con sus actividades de prospección petrolera. “Dejamos de cazar, dejamos de cultivar, dejamos de trabajar y pasamos hambre para proteger el territorio”, aseguró Patricia Gualinga.

El líder espiritual de Sarayaku, Sabino Gualinga, de 90 años, expresó en kichwa, ante la CIDH, que con las detonaciones de pentolita murieron árboles sagrados y desapareció la mitad de los seres espirituales de la selva: “Pasamos mucha tristeza y desgracia. En la selva viven seres ancestrales, los amos de la selva, y es una calamidad que desaparezcan, porque aparecerán enfermedades”.

Por su parte, el representante del gobierno nacional hizo una débil exposición de los avances realizados para proteger a Sarayaku y no pudo explicar la nueva política petrolera. La defensa del gobierno se basó en el testimonio de un indígena evangélico que afirmaba su complacencia por los adelantos dados por el gobierno y la necesidad del desarrollo. Ahora, la CIDH deberá decidir qué medidas implementar.

Luis Ángel Saavedra (Noticias Aliadas)

OJARASCA Septiembre 2011